Una luz que se rehúsa a extinguirse

Fuente: Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino

Fuente: Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino

 

México, despunta el invierno de 2017 y con él soplan los gélidos vientos de la jornada electoral que se avecina, entremezclando esperanza, escepticismo y esquizofrenia.

La Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley de Seguridad Interior -en el medio de un ambiente de repudio y rechazo por organizaciones sociales, partidos de oposición, instituciones educativas y ONG’s- sobre la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció como “un riesgo a la estabilidad democrática” dado que “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas [otorgándoles facultades policíacas] como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta” y adolece seriamente de imprecisiones y omisiones riesgosas como es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.” Amnistía Internacional la califica como un mecanismo para legitimar la militarización del país.

La Haya, últimos días del mes pasado mientras que la sede del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia continúa atareada por los miles de casos de crímenes de lesa humanidad que procesa como parte de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de la ONU para restaurar la paz y reintegrar la dignidad a quienes vieron sus derechos humanos sobajados y pisoteados sanguinariamente por disputas religiosas (fundar países musulmanes y cristianos) y étnicas (pureza nacional de los bosnios, de los croatas, de los albanos, etc.). El general bosniocroata Slobodan Praljak evitó cobardemente encarar su destino dándose muerte al ingerir un veneno letal al escuchar cómo, ante la apelación de su condena dictada en 2013 por los crímenes genocidas cometidos durante la guerra de exterminio étnico de 1992-1995, parte del proceso de fragmentación de Yugoslavia.

Argentina, noviembre llega a su fin y el calor de Buenos Aires sube de intensidad [pues en el hemisferio sur el verano está comenzando] tanto en las calles como en las salas de los tribunales de la Corte Suprema de Justicia donde cinco años de juicio y cuatro horas de lectura de veredicto envuelven a todos en una catarsis colectiva. “La sala se partió en dos –escribe Carlos Cué. En la planta de arriba, los familiares de los militares aplaudían con entusiasmo y les lanzaban vítores. En la de abajo, separados solo por un cristal y varios policías, las familias de las víctimas gritaban ‘asesinos’ y cantaban ‘como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar’.” A los responsables por los Vuelos de la Muerte -mecanismos necropolítico a través del cual la dictadura militar arrebató la vida a 4 mil detenidos políticos- no les deparó la absolución sino el peso de la justicia.

Para Mario Daniel Arru, Alejandro Domingo D’Agostino, Francisco Armando Di Paola y Gonzalo Torres de Tolosa se dictó cadena perpetua por su responsabilidad material, con lo que el Estado Argentino acepta por vez primera la existencia del plan de exterminio que engarzaba los centros de detención clandestinos con los cuerpos NN en fosas clandestinas o en las entrañas del Río de la Plata. Con esto, el país del cono sur refrenda su papel protagónico en la implementación de políticas de la memoria que arrancara Raúl Alfonsín con los juicios a la cúpula militar en la década de 1980, a pesar de que en los noventa las presiones sociales y la amenaza de un nuevo alzamiento castrense llevara a la sanción de las leyes de impunidad de Punto Final y de Obediencia Debida junto con los indultos expedidos por Carlos Saúl Menem con el Pacto de los Olivos a través del cual, además de lograr su reelección, aseguró que la tendencia del indulto continuara para evitar el revanchismo y el “atoramiento histórico en un pasado que sólo nos lastima a todos.”

Néstor Kirchner y después Cristina Fernández reanimaron los juicios de lesa humanidad al instalar diversas Comisiones Provinciales de la Memoria, decretando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se celebra cada 24 de marzo, se fundó el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a la par del Fondo de Reparación Histórica para la localización y restitución de los niños secuestrados y apropiados por familias de colaboracionistas, se instituyó el Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la ESMA además del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y se desclasificaron los archivos de la Secretaría de Inteligencia. “Argentina ya dio ejemplo este año al realizar las primeras condenas por el plan Cóndor, y antes por el robo sistemático de niños. Éste de la ESMA era el siguiente en una lista de juicios históricos”, refiere Carlos Cué.

Con las tensiones por la Guerra Fría y las políticas de contención para evitar a toda costa cualquier irrupción del fantasma comunista en la zona de control norteamericana, que ya había perdido la isla sureña con la Revolución Cubana y que había presenciado brotes peligrosos con la guerrilla sandinista en Nicaragua y los combatientes de El Salvador, Washington aseguró una democracia limitada favorable a los intereses de sus corporaciones transnacionales a través de mecanismos de intervención directa e indirecta, marcadamente visibles o sutiles en sus raigambres: la Escuela de las Américas de Panamá (1946), la Alianza para el Progreso (1961), el Informe Rockefeller y el Colegio para la Defensa Interamericana de Fort McNair (1969), el Informe de la Comisión Kissinger y la Operación Cóndor (1984), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la Organización de Estados Americanos (1947-48) fueron los más importantes de esos instrumentos de injerencia.

El objetivo fue el mismo, desestabilizar gobiernos electos democráticamente para imponer regímenes proclives al neoliberalismo sumamente indiferentes a los derechos humanos para que instrumentalizaran acciones represivas contra la subversión. La desaparición implicó el desvanecimiento de un cuerpo y la sustracción de un saber, en un doble ejercicio de ocultamiento y desgarramiento.

Las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, el Servicio Paz y Justicia así como los Familiares de Detenidos y Desaparecidos, por mencionar a algunas de las organizaciones civiles que con mayor ahínco lucharon durante y después de la dictadura por justicia y verdad, se opusieron a la oficialización de la Teoría de los dos Demonios (que plantea que unos y otros tuvieron el mismo grado de responsabilidad por el vórtice de violencia que afectó a los ciudadanos), desestructurada a la luz de la naturaleza de los crímenes evidenciados por la CONADEP y el Nunca Más.

A pesar de que el actual presidente derechista Mauricio Macri intenta pasar la página y llevar a la Argentina a su visión del siglo XXI desideologizando los espacios de memoria y reprimiendo a los defensores de los territorios de los pueblos originarios (como el caso de Santiago Maldonado), en 2016 confirmó a Claudia Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en la dirección de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y Claudio Avruj prometió que el Ministerio de Derechos Humanos continuaría querellándose contra los acusados de crímenes de la dictadura.

¿Cuándo hará el Estado Mexicano lo propio por los crímenes que éste cometió en los eventos del Halconazo en 1971, de Aguas Blancas en 1995, de Acteal en 1997, de San Fernando en 2010, de la Guerra contra el Narcotráfico durante los sexenios de Calderón y Peña, de Tlatlaya y Ayotzinapa en 2014, por su impavidez ante la marea de feminicidios? Los intentos de Vicente Fox durante 2000-2003 se desvanecieron tan rápido como las esperanzas en la transición democrática y el fin del autoritarismo corporativo priísta. Los despojos y desplazamientos forzados por proyectos extractivistas no han cesado.

De acuerdo con Berber Bevernage, en las sociedades que han vivido procesos desgarradores “hay una necesidad de equilibrar dos imperativos: por un lado, está la necesidad de retornar a la regla de la ley y de procesar a los infractores, por el otro, está la necesidad de reconstruir sociedades y embarcar en el proceso de reconciliación” que sólo puede hacerse efectivo con la elaboración social del trauma, el trabajo del duelo y el estado de la deuda simbólica y material para con la verdad histórica. Hoy por hoy, en Argentina, esta noticia muestra que hay fragmentos sólidos para aferrarse, luces que se rehúsan a extinguirse.

 

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