Maduro infló los votos, revela empresa de conteo 

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“Venezuela cuenta con el mejor sistema electoral en el mundo”, aseguraba en 2012 el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter con base en la experiencia que ha adquirido al ser garante de al menos 92 elecciones alrededor del mundo. Carter se refería al mismo órgano elector que ayer fue acusado de fraude por Smartmatic, la empresa encargada del recuento de votos en la nación sudamericana.

Gracias a la existencia de un “robusto sistema automatizado de votación” puede saberse que “sin lugar a dudas, en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hubo manipulación del dato de participación”, denunció el consejero delegado de la empresa tecnológica, Antonio Múgica, desde Londres.

Las oficinas en Venezuela se mantuvieron cerradas durante todo el día, tal vez por temor a que el régimen tomara represalias en contra de los gerentes y empleados. “Están de permiso hasta nuevo aviso”, aseguró a los medios locales uno de los vigilantes del edificio en donde funciona la compañía.

El pasado domingo, las autoridades electorales venezolanas anunciaron que 8.1 millones de personas, 41.43 por ciento del padrón electoral, habían participado en los comicios en los que se escogieron los 545 miembros de la ANC, que se instalará hoy.

“Una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”, agregó el portavoz de Smartmatic, que desde 2004 se encarga de brindar el equipamiento técnico en los procesos electorales en Venezuela.

En la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, que se consideran fundamentales como testigos del proceso, argumentó Mugica.

La denuncia fue avalada por el exministro de comunicaciones de Chávez, Andrés Izarra. “¡Ya va! ¡Escuálidos, conmigo no cuenten JAMÁS! Pero sin duda hay dudas que despejar en torno al resultado de la elección del domingo. Es todo”, escribió en su Twitter el exfuncionario chavista.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, aseguró ayer que se trata de una “aseveración irresponsable” que forma parte de una “agresión permanente” a la que asegura que ha sido sometido en las últimas dos semanas el Poder Electoral. Lucena, vinculada al oficialismo, indicó que Smartmatic participó en todas las auditorias del proceso. “El Poder Electoral se reserva acciones legales a tan irresponsables declaraciones”, agregó.

La funcionaria, que fue sancionada la semana pasada por EU, dijo que el Poder Electoral venezolano ha sido víctima de diversas agresiones como la quema de 181 máquinas electorales, el bloqueo de las cuentas en el exterior de algunos proveedores y “ataques cibernéticos”.

En tanto, la mayoría opositora del Congreso aprobó en una sesión especial y sin la presencia de diputados oficialistas solicitar al Ministerio Público que abra una investigación penal a los directores del Consejo por “inflar” la cifra de votantes.

“El resultado que se anunció fue tramposo”, dijo el presidente del Congreso, Julio Borges, a la prensa al asegurar que no sólo hubo un “fraude” en la convocatoria a la Asamblea Constituyente sino que la “elección fue fraudulenta”.

El vicepresidente del Congreso, diputado Freddy Guevara, instó al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, a pronunciarse sobre los cuestionamientos que han surgido sobre el proceso electoral. En medio de la crisis política la fuerza armada se ha convertido en uno de los principales soportes del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A las críticas se sumó uno de los cinco directores del Consejo, Luis Emilio Rondón, vinculado a la oposición, quien expresó que el organismo electoral está obligado a realizar las auditorías para aclarar los resultados de las elecciones.

Maduro adelantó el pasado lunes que la Constituyente tendrá entre sus primeras tareas “tomar el mando” de la Fiscalía y revisar la inmunidad de los diputados.

La oposición sostiene que en la elección sólo participaron 3.5 millones de votantes, entre los que se incluyen empleados públicos y beneficiarios de programas estatales.

(La Razón)

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